En nuestro país hay muchísima normativa de infancia y adolescencia, sobre todo a raíz de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, sin embargo, los derechos de los menores con discapacidad no están suficientemente garantizados, siguen adscritos a un sistema médico, a un modelo de asistencia sanitaria donde la educación, entre otros temas, queda al margen.