Este protocolo establece un procedimiento de actuación orientado a garantizar, en términos óptimos de respeto y trato idóneo, una atención temprana e intervención adecuada desde el momento de la aparición o identificación de la discapacidad, presente o potencial, y su posterior comunicación a los progenitores o entorno familiar, hasta la atención a través de los servicios socio-sanitarios, educativos o de otra índole.



